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En estos días he leído varios textos en torno al Código Orgánico de Salud (COS) que se debatió en la Asamblea, fue remitido al Ejecutivo el 27 de agosto, y fue vetado totalmente por el Presidente, el 25 de septiembre. También sobre las cifras de lo que pasa con la salud de las mujeres en el Ecuador. Por ejemplo, que cada día, en los últimos tres años, siete niñas de entre 10 y 14 años tienen bebés. Las adolescentes, de entre 15 y 19 años, registran 65 partos por día. Y que por año llegan a 26 000, los partos de menores de edad en el país. Además, que una de cada diez mujeres que muere durante el embarazo es una madre adolescente.

Irónicamente, el 26 de septiembre se conmemoró el Día Mundial de Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes. Y de lo que se desprende del análisis de lo ocurrido con el COS en Ecuador, un día antes, existieron presiones de grupos religiosos en contra de las atenciones a las emergencias obstétricas, garantizadas en el articulado propuesto. Es decir, las mujeres no tenemos derecho a recibir prestación médica en el sistema de salud si nos enfrentamos a un problema durante un embarazo que comprometa nuestra vida.

Pero la argumentación desde el Ministerio de Salud va por el lado de que no se incluyó en el documento: cómo actuar ante una pandemia, vigilancia epidemiológica, mutaciones de virus o situaciones de estrés, suicidios, violencia doméstica… Lo relacionado con la pandemia resulta obvio porque el COS se presentó hace ocho años al Legislativo. Pero también es evidente el poco interés por garantizar el derecho a la salud, pues ni a los asambleístas ni a los actores de salud se les ocurrió actualizarlo, si consideramos que lo debatieron hasta agosto de 2020.

Lo cierto es que mientras esté de por medio la religión y el fanatismo, sin considerar que “la moral es personal y a cada uno obliga, y que la ley es general y a todos obliga”, los derechos fundamentales de las mujeres estarán relegados. Porque aún en países y en estados donde ya están aprobadas: atención en casos de emergencias obstétricas, aborto terapéutico, aborto en casos de violación o de embarazo no deseado, grupos de este tipo y autoridades seguirán vulnerando los derechos de las mujeres como aquel inalienable a decir sobre su cuerpo.

Elena Poniatowska lo relata de forma muy directa y documentada en su crónica, Las mil y una… (la herida de Paulina), una adolescente a la que los grupos “pro vida”, los médicos y las autoridades mexicanas la obligaron a tener un hijo producto de un embarazo por violación, pese a que como lo establece la ley, en el Estado de Baja California, ella y su madre manifestaron su decisión de no tener al bebé antes de los 90 días de gestación. Y ninguno de ellos le garantizó, la sobrevivencia y una vida digna para el niño (salud, educación y vivienda), a través de un fideicomiso, como también establece la ley. En el Ecuador, casos como el de Norma, una niña de 13 años que fue violada y embarazada por su padre, es solo uno de miles. Ella también pidió abortar y no atendieron su pedido. Este hecho fue motivo de una demanda avalada por el Observatorio Social de Ecuador y las fundaciones Surkuna y Desafío…

Frente a estas realidades sobre el polémico tema surgen las preguntas: ¿dónde queda el carácter laico del Estado, los derechos individuales, los derechos de las mujeres, y sobre todo dónde quedan los Derechos Humanos?.

Ciudad de Latacunga On Line

Este contenido es una producción de Grupo-Digital CDL Ciudad de Latacunga On Line S.A, publicada originalmente en el sitio web www.ciudadelatacungaonline.com  y protegida por derechos de autor.

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